El 20 de noviembre de 2014, casi dos meses después de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la indignación había escalado y la plancha del Zócalo en la Ciudad de México estaba llena de manifestantes. Mientras los cuerpos se aglomeraban, se devenía masa y las voces estridentes contaban del uno al cuarenta y tres para cerrar con la exigencia que había convocado a los indignados: ¡JUSTICIA! Al final, el cuerpo de granaderos provocó la huida de los manifestantes avanzando contra ellos y golpeando a quienes alcanzaran. En el éxodo, los cuerpos dispersos volvían a aglomerarse en la estrechez de la calle de Madero y contaban una vez más del uno al cuarenta y tres para cerrar con un “¡JUSTICIA!”.

El malestar generalizado ante la crueldad de la desaparición explotaba en la exigencia de justicia, en la denuncia hacia el Estado, hacia el crimen organizado y hacia la asociación de ambos. Sin embargo, mientras el acontecimiento que había reventado los vínculos con las instituciones comenzaba a cerrarse, mientras las marchas se reducían y la indignación se diluía, los manifestantes nos re-sujetábamos a la cotidianidad.

Mientras, en redes sociales se encuentran burlas hacia la desaparición forzada de los 43 normalistas que, en el mejor de los casos, pueden interpretarse como un recurso para tramitar la brutalidad de una cotidianidad saturada de violencia. Pero que, en el peor de los casos, están acompañadas de argumentos sobre cómo los normalistas merecían ser desaparecidos.

Así, en la justificación perversa de un crimen macabro, la desaparición de los jóvenes normalistas se desecha porque no es más que la consecuencia lógica de las condiciones de las víctimas. Valenzuela desarrolla la propuesta de juvenicidio ¹, un concepto cuya culminación está en el exterminio sistemático de vidas juveniles perpetrado desde la administración necropolítica y su soberanía que establece quiénes deben morir porque no merecen vivir ², pero que no se reduce a su fin, sino que se despliega a lo largo de configuraciones legitimantes del acto genocida de limpieza social ejercido sobre la población joven subalternizada por los regímenes adultocéntricos y adultocráticos, y la intersección de la suma de sus condiciones de vulnerabilidad. Por esto, el juvenicidio no puede ser reducido al asesinato de jóvenes, sino que debe ser pensado como un conjunto heterogéneo y dinámico de procesos entretejidos de precarización sostenidos por narrativas subjetivantes que instrumentalizan representaciones estereotipadas sobre las que se construyen prejuicios estigmatizantes. De esta manera, por encima de la violencia atroz de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, opera una sucesión de desplazamientos que llevan al desdibujamiento de la maldad y a la percepción obtusa de una justicia cruel que, como el derecho penal del enemigo, autoriza el enunciado de que la ejecución del peligroso era necesaria.

El concepto de juvenicidio es producto de un trabajo de traducción sobre el concepto de feminicidio, llevando -siguiendo los ejemplos paradigmáticos- el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez al caso de la desaparición forzada de jóvenes en Ayotzinapa. De la condición de género a la condición etaria, la violencia sistemática y la impunidad desvergonzada que sufren los grupos vulnerables arroja luz sobre marginaciones históricas que sujetan sus vidas a la fragilidad, maximizando el ejercicio de un poder biopolítico cuyas estructuras se multiplican en el anhelo de seguridad que la violencia produce, pero que, estableciendo jerarquías de valor sobre los cuerpos bajo diferentes criterios, expone hacia la muerte a los sujetos que juzga como prescindibles.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías, como plataformas que facultan la expresión individual de representaciones colectivas, devienen dispositivos que reproducen y cristalizan taxonomías a través de manifestaciones de odio que precarizan el acceso y la garantía de sus derechos a ciertos grupos. En su muestra “Restablecer memorias”, Ai Weiwei, redignifica la indignación que Ayotzinapa causó. Mientras publicaciones en redes sociales parecen banalizar la herida que el acontecimiento dejó, Ai Weiwei hace re-aparecer a las víctimas en un mural hecho de legos que desterritorializa los bloques para transformarlos en un acto de enunciación política que cuestiona una memoria histórica profundamente perturbada por la estigmatización de identidades que en el mural se muestran pixeladas recordándonos, quizá, rostros criminalizados como los que resultan de las grabaciones de cámaras de vigilancia. Habría que pensar en la resistencia que se puede ejercer desde dejarnos perturbar por la experiencia estética.

que produce una larga lista de actos de crueldad hacia las mujeres, se fueron aglomerando frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La protesta intervino el espacio público. Mientras en la muestra de Ai Weiwei la colectividad estaba en la metáfora de la unión de los bloques lego, aquí la colectividad era la autora misma. El conjunto de pintas, consignas, vidrios rotos y demás componentes, transformaban el paisaje, creando una potente instalación que invitaba a reflexionar sobre el acontecimiento. En la diferencia entre el espacio “normal” y el espacio intervenido, lo que aparecía era la instalación de una exhibición del malestar ante la violencia de género, una muestra de afectos que llevaban a los transeúntes a discutir entre ellos, reflexionando sobre la violencia a partir de la experiencia estética.

Al siguiente día, el espacio de la manifestación había sido re-normalizado. Sin embargo, el registro fotográfico de las producciones mediáticas espectacularizadas lo reducía a la tensión dicotómica entre interpretarlo como resistencia o como vandalismo. Las redes sociales se saturaban de comentarios machistas que desestimaban la causa de la protesta en favor de criticar lo supuestamente despreciable de sus consecuencias. La atención de los medios de comunicación masiva hacía figura de la intervención del espacio mientras desenfocaba motivos como el hecho de que la madrugada del tres de agosto de 2019 se denunció que un grupo de policías abusó sexualmente de una joven menor de edad en la alcaldía Azcapotzalco. El supuesto “vandalismo” se posicionaba en el debate público por sobre el abuso sexual cometido por agentes de seguridad pública.

En las secciones de comentarios de publicaciones en línea sobre la protesta, se expresaba la oposición contra las feministas mientras se ocultaba el reconocimiento de la violencia institucional, estructural y estructurante, evidenciando el silenciamiento sistemático de voces subalternizadas por un régimen patriarcal que fomenta producciones de sentido esencializantes y alienadas en las que las mujeres son despojadas de su “razón”, convirtiéndose en existencias sin conocimiento, incapacitadas a acceder a la justicia y expuestas hacia una inseguridad en la que sus cuerpos pueden ser arrebatados, sexualizados y usados en estrategias bélicas de desmoralización del enemigo, violados, arrebatados y asesinados. ³

La eliminación física es sólo el desenlace de condiciones cultural e históricamente construidas constituyentes de ficciones que configuran el lugar social que cada cuerpo habita; los sujetos precarios, por ejemplo, son relegados a territorios precarios fuera de los cuales son acechados por elementos de vigilancia ⁴. Esta vigilancia se corresponde con símbolos fundantes de fronteras políticas, como el fenotipo, pretexto fundacional de la racialización, o la nación, criterio indispensable de la administración Estatal.

El ejercicio de los Estados Modernos en torno a los criterios y los juicios sobre el derecho de los sujetos a vivir sus vidas no empieza con la desciudadanización ⁵, sino con la ciudadanización, producción ficcional y ficcionante que sostiene que el acceso y la garantía de los derechos políticos está sujeto a las condiciones específicas de nacimiento (y el nacionamiento que este conlleva). Desde este marco “legitimado” por el andamiaje jurídico que hace operativa la administración estatal, ser ajeno a las condiciones específicas de nacimiento que proveen al cuerpo de ciudadanía, resulta en una desciudadanización; despojo que aparece en un segundo momento de la administración soberana de los Estados Modernos sobre la vida. No se desciudadaniza sino a partir de un primer momento: la ciudadanización. Así, el sujeto, que no deja de ser sujeto-al-poder, es arrebatado de su legitimidad política y reducido, a los ojos de las instituciones, de los otros y de sí mismo, a no ser más que soma. El doble efecto de este proceso consiste en la eliminación de los no-ciudadanos (que pueden ser enemigos, indeseados, alteridad, etc.) a través de la cancelación de sus derechos políticos y la afirmación de los ciudadanos a partir de esta.

A finales de 2018, este juego de representaciones, cimiento del sistema de inclusión-exclusión nacional, provocó la persistencia de expresiones virulentas de xenofobia en las que parte de la población mexicana declaraba un odio explícito hacia los migrantes que transitaban por el país rumbo a Estados Unidos, convirtiéndose en la voluntad popular que consentía la cancelación de lo derechos políticos de quienes no habían nacido en México. En el peor de los casos, la xenofobia hacia surgir un llamado al ejercicio directo de la violencia en contra de los extranjeros [pobres] que se desplazaban a lo largo del territorio nacional. En Facebook, era común encontrar memes, carteles y escritos que atacaban a los migrantes por acceder a recursos que deberían ser de los mexicanos y pedían su expulsión del país o, cuando menos, el alto a los flujos de apoyos.

Edad, género, nacionalidad y otras condiciones devienen depositarias de narrativas subjetivantes que configuran las vidas de quienes las portan, inventando tramas sujetadoras capaces de administrar la relación con la violencia y la percepción desde el imaginario social de la legitimidad de la violencia a la que se es expuesto. Las redes sociales se instituyen como campos de máxima transversalidad en los que se proyecta el régimen de valores de una cultura en perpetua transformación asentada en una nación poscolonial que ha asumido el proyecto moderno occidental, sus taxonomías y jerarquías (género, raza, clase, etc.), estableciendo pautas de validez que, en el contexto de la profunda violencia e inseguridad que padece la región, someten la vida misma.

A su vez, el conjunto de condiciones con las que vive cada sujeto toma el lugar de una aglomeración de marcajes que pueden crear relaciones punitivas con las instituciones y los otros, provocando subjetividades precarias que no pueden más que dar paso a síntesis de identidades proscritas que fungen como estigmas dedicados a someter a estos sujetos cuyas vidas se viven en los linderos de la violencia.

La juventud, pues, aparecería como una etapa en el curso de vida cuya culminación afirmativa estaría en hacerse útil. Como un trayecto individual dirigido a la afirmación del valor de la propia existencia con la persistente intimidación de ser arrojado hacia una violencia legitimada y reproducida por los otros, además de catalizada por la subalternidad implicada en diversas condiciones… La potencial exposición a la violencia termina por ser una pedagogía que dociliza y acopla los cuerpos a lo socialmente válido. El juvenicidio, como ejercicio “socialmente aceptado”, aparece en tanto posible castigo y cruel amenaza que sujeta, regula y administra los cuerpos rumbo a su devenir válidos.

Referencias:

¹ José Valenzuela. “Juvenicidio: necropolítica y iuvenis sacer”, en Jóvenes latinoamericanos: Necropolíticas, culturas políticas y urbanidades (CLACSO: México, 2015)

² Achille Mbembe, Necropolítica seguido de sobre el gobierno privado indirecto (Melusina: México, 2011).

³ Rita Segato La guerra contra las mujeres (Traficantes de Sueños: Melusina, 2016)

⁴ Gabriel Kessler y Sabina Dimarco, “Jóvenes, policía y estigmatización territorial en la periferia de Buenos Aires”, Espacio Abierto 2 (2013): 221-243.

⁵ Hugo César Moreno y, “Desciudadanización y estado de excepción”, Andamios. Revista de Investigación Social 24 (2014): 125-148.

Bibliografía

Valenzuela, José “Juvenicidio: necropolítica y iuvenis sacer”. En Jóvenes latinoamericanos: Necropolíticas, culturas políticas y urbanidades (CLACSO: México, 2015)

Mbembe, Achille, Necropolítica seguido de sobre el gobierno privado indirecto (Melusina: México, 2011).

Segato, Rita La guerra contra las mujeres (Traficantes de Sueños: Melusina, 2016)

Kessler, Gabriel y Dimarco Sabina , “Jóvenes, policía y estigmatización territorial en la periferia de Buenos Aires”, Espacio Abierto 2 (2013): 221-243.

Moreno Hugo César, “Desciudadanización y estado de excepción”, Andamios. Revista de Investigación Social 24 (2014): 125-148.

Han, Byung-Chul. Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas del poder (Herder: Barcelona, 2014)

Valenzuela, José, coord., Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (ITESO y El Colegio de la Frontera Norte-ITESO: México, 2016)

Wacquant, Loïc, Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social (Gedisa: Barcelona, 2010)